Piden el juicio político del juez de Bahía Blanca que concedió arresto domiciliario a un violador

Un pedido de juicio político contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca Claudio Brun, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones, fue presentado por una abogada particular y por el diputado bonaerense del Frente de Todos Pablo Garate.
Se trata del magistrado que había concedido el beneficio de arresto domiciliario un hombre que, en 2015, había sido condenado a siete años de prisión por el abuso sexual a una menor con retraso madurativo, y que, durante el último fin de semana, tras el rechazo que cosechó su resolución, dispuso que volviera al penal en el que se encontraba alojado.
En un comunicado, se detalló que Garate oficializó la presentación ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses
“Hoy presentamos de manera electrónica el jury a Claudio Brun, porque a pesar de haber retrotraído la liberación de Néstor Ibars, nuestra tarea es defender a todas las víctimas que no se pueden defender y porque en este caso, hay una gran cantidad de liberaciones y de delitos muy graves”, expresó el legislador.
“La Justicia tiene que tener sentido común y responsabilidad, ya que hay que terminar con los jueces del ´salga, salga´ y los que creen que quienes cumplen condena tienen más derechos que las víctimas”, agregó Garate.
De igual modo, la abogada María Fernanda Petersen, con el respaldo del Observatorio de la Víctima de Delitos que depende de la Cámara de Diputados, también formuló un pedido de juicio politico.
El planteo se formalizó en representación de G.N.S., una adolescente discapacitada que en 2008 fue abusada sexualmente, con acceso carnal, por un hombre que fue sentenciado a cárcel, informaron fuentes parlamentarias.
Voceros parlamentarios señalaron que pedirán la suspensión preventiva del juez mientras se sustancia la investigación sobre su conducta en el Consejo de la Magistratura.
La presentación, a la que accedió Télam, le adjudica al magistrado haber incumplido sus funciones al «omitir notificar y oír a la víctima antes del resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria» y que la familia de la chica «se enteró por los medios».
A través del escrito, la abogada especificó que Brun «violó el artículo 5 de la Ley Nacional de Víctimas que se aplica en todo el país al ser de orden público» y que por tratarse «de un abuso a una joven, también se violó la ley 26.485 de «Protección Integral de las Mujeres».
Asimismo, afirma que el juez omitió notificar y oír a la víctima antes de resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria, no se constituyó en el penal ni tomó contacto real con la situación y sólo dispuso su traslado a su domicilio.
«Es preciso destacar que de la propia resolución surge a todas luces que no se encuentra controlado por el sistema de monitoreo electrónico hasta tanto no finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, lo que pone en un situación de peligro y gravedad a la víctima», precisa el escrito.
En la presentación, la abogada afirma que «existe una clara violación de los deberes propios a su cargo, puesto que el magistrado no ha realizado una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas en la causa».
Voceros parlamentarios adelantaron que se espera que todas las víctimas, abogados y colectivos de víctimas tengan un modelo simple y bien fundado que les permita seguir el Leading Case (el caso líder o testigo) y hacer las denuncias en cada caso donde se hayan operado libertades y beneficios irregulares.