El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió hoy a la dirigencia argentina que “condene” el fallo que obliga a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la recuperación de YPF.
“El gobierno de Milei apeló el fallo del juzgado de Nueva York contra Argentina por la recuperación de YPF. Los argumentos: el fallo es ilegal bajo el derecho argentino, que es el aplicable como ha reconocido la propia justicia de EE.UU, y además, viola nuestra soberanía”, expresó el mandatario bonaerense en su cuenta de la red social X (exTwitter).
Sostuvo que “luego, Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador se presentaron al juzgado apoyando a Argentina con los mismos argumentos. Me resulta increíble (o no tanto) que parte de la dirigencia argentina y del periodismo no condenen esta sentencia injusta”.
Kicillof posteó una noticia publicada por el diario La Nación cuyo título es “Juicio por YPF: la Argentina presentó su apelación para revertir el fallo que la obliga a pagar US$16.000 millones” y comentó: “Siempre le dan la razón a los buitres: ¿casualidad? Es realmente triste. Y al mismo tiempo reconocen que con YPF recuperada, Vaca Muerta es una esperanza para el país”.
El Gobierno presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York (Estados Unidos) sus argumentos para iniciar la apelación en el caso por la estatización de YPF, llevada a cabo en 2012.
Lo hizo a través de un escrito de 92 páginas en el que se cuestionó el hecho de que el caso se lleve adelante en la corte de Nueva York, y a revisar el millonario monto de la indemnización establecido en el fallo de primera instancia.
El juicio lleva más de ocho años, y en el cual la Argentina tuvo un fallo en septiembre de 2023, cuando la jueza Loretta Preska, de la corte del Distrito Sur de Nueva York, dejó firme su sentencia y consideró que el país no respetó los estatutos de YPF al momento de concretar la expropiación de la empresa, y determinó que deberá resarcir al estudio Burford Capital, el demandante, por una suma que podría llegar a los US$16.000 millones.
Ahora, la Argentina solicitó a la Corte de Apelaciones que se revise el fallo de Preska, y sostiene que la jueza “aplicó erróneamente la legislación pública y privada argentina al respaldar los reclamos de los demandantes”.